1. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto "Prospección Minera Proyecto Katterfeld", presentado por el señor Larry Joe Phillips, en representación de Sociedad Contractual Minera El Toqui con fecha 2 de enero de 2018;
2. La Resolución Exenta N° 005 de fecha 9 de enero de 2018 de la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén, que se pronuncia sobre la admisión a trámite de la DIA del proyecto "Prospección Minera Proyecto Katterfeld";
3. La publicación de la DIA del proyecto "Prospección Minera Proyecto Katterfeld" en el Diario Oficial, de fecha 1 de febrero del año 2018;
4. La solicitud de decretar la apertura de un proceso de participación ciudadana, de fecha 15 de febrero de 2018, realizada por:
i. Don Patricio Orlando Segura Ortiz, por sí y en representación de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, (CODESA);
ii. Don Peter Hartmann Samhaber, por sí y en representación de la Agrupación social y cultural Aysén Reserva de Vida; y
iii. Doña Miriam Chible Contreras por sí y en representación de la Corporación para el Desarrollo Sustentable del Lago General Carrera;
5. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 40 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (en adelante “MMA”), que Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante “RSEIA”); en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Resolución TRA N°119046/74/2017 de fecha 09 de junio de 2017, Tomada Razón por la Contraloría General de la República con fecha 13 de julio de 2017, que nombra en cargo de Alta Dirección Pública, 2º nivel, Director Regional en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén a don Claudio Aguirre Ramírez; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
1. Que, con fecha 2 de enero de 2018 el señor Larry Joe Phillips, en representación de la Sociedad Contractual Minera El Toqui presentó la DIA del proyecto "Prospección Minera Proyecto Katterfeld", el cual consiste en ejecutar 10.132 (ML) metros lineales de perforación del tipo diamantina, distribuidos en 100 plataformas de sondajes mineros, a realizar en el distrito minero de Katterfeld, ubicado aproximadamente a 21 km del sector Rodeo de los Palos; a 41,7 km de Ñirehuao y a 90 km al Norte de la ciudad de Coyhaique en la Región de Aysén.
2. Que, mediante Resolución Exenta N° 005 de fecha 9 de enero de 2018 la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén, admite a trámite la DIA del proyecto "Prospección Minera Proyecto Katterfeld".
3. Que, con fecha 1 de febrero del año 2018, la DIA del proyecto "Prospección Minera Proyecto Katterfeld", fue publicada en el Diario Oficial.
4. Que, el inciso 1° del artículo 30 bis de la Ley N° 19.300 establece los requisitos para decretar la apertura de un proceso de participación ciudadana respecto de los proyectos que ingresen a evaluación mediante una DIA, señalando que: "Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en las Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas. Todo ello, siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de Impacto Ambiental de que se trate" (énfasis agregado).
5. Que, la misma norma citada precedentemente establece en su inciso 6° que: "Se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos o actividades que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación" (énfasis agregado). Por su parte, el inciso 7° del artículo 94 del Reglamento del SEIA indica que: "Se considera que generan cargas ambientales los proyectos o actividades cuyas tipologías correspondan a las letras a.1, b), c), d), e), f), j), y o) del artículo 3 de este Reglamento o que contengan partes, obras o acciones a las que apliquen dichas tipologías, así como cualquier otro proyecto o actividad cuyo objetivo consista en satisfacer necesidades básicas de la comunidad, tales como proyectos de saneamiento, agua potable, energía, entre otros."
6. Que, por tanto, para decretar la apertura de un proceso de participación ciudadana (PAC) en una DIA, tanto el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300, como el artículo 94 del RSEIA, establecen los siguientes requisitos:
i. La solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la publicación en el Diario Oficial de la DIA del proyecto sometido a evaluación.
ii. Debe ser solicitada por a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas.
iii. Se debe tratar de proyectos o actividades que generen cargas ambientales, en localidades próximas.
7. Que, las solicitudes de apertura de un proceso PAC fueron realizadas con fecha 15 de febrero de 2018, por:
i. Don Patricio Orlando Segura Ortiz, por sí y en representación de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, (CODESA).
ii. Don Peter Hartmann Samhaber, por sí y en representación de la Agrupación social y cultural Aysén Reserva de Vida.
iii. Doña Miriam Chible Contreras por sí y en representación de la Corporación para el Desarrollo Sustentable del Lago General Carrera.
8. Que, en cuanto a la oportunidad, consta que con fecha 01 de febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial N° 41.972 la DIA del proyecto, y las solicitudes de apertura de un proceso de PAC fueron formuladas el día 15 de febrero de 2018, según consta en los timbres de recepción del Servicio de Evaluación Ambiental, en las cartas detalladas en el Vistos N°3. Lo expuesto permite concluir que las solicitudes se han presentado dentro del plazo de 10 días hábiles que establecen las normas citadas precedentemente.
9. Que, en relación a los solicitantes, la apertura de un proceso de PAC ha sido solicitada por 3 personas naturales y 3 personas jurídicas; Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Agrupación social y cultural Aysén Reserva de Vida y Corporación para el Desarrollo Sustentable del Lago General Carrera. En relación a las 3 personas naturales, no se cumple con lo dispuesto por el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300, ya que se exige un mínimo de 10 personas naturales. Respecto de las 3 personas jurídicas, la solicitud fue realizada a través de sus respectivos representantes, cumpliendo de esta forma con lo dispuesto por la normativa citada, en relación al número de personas jurídicas que deben solicitar la apertura de un proceso de PAC.
10. Que, en relación a la generación de cargas ambientales, el artículo 30 bis ya citado, establece como requisitos copulativos, que el proyecto debe generar un beneficio social y ocasionar externalidades ambientales negativas en las localidades próximas. Asimismo, el artículo 94 del RSEIA en su inciso 7º establece que los proyectos que respondan a ciertas tipologías del artículo 3° del mismo Reglamento generan cargas ambientales, lo mismo sucede con proyectos que contengan partes, obras o acciones a las que apliquen dichas tipologías. Agregando que también generan cargas ambientales cualquier otro proyecto o actividad cuyo objetivo consista en satisfacer necesidades básicas de la comunidad, tales como proyectos de saneamiento, agua potable, energía, entre otros.
11. Que, del análisis de la historia fidedigna de la Ley N° 20.417, se advierte que en un principio el proceso de PAC aplicaba para todas las DIAs, sin hacer una distinción entre aquellas que generaban o no cargas ambientales. Sin embargo, mediante una indicación del ejecutivo (Indicación N° 35; 412 Bis. - del Boletín de Indicaciones del Senado y del Ejecutivo N° 5.947-12 de la Ley N° 20.417, de fecha 27 de octubre de 2009), se propuso que la PAC procedería, sólo cuando se generen cargas ambientales para las comunidades próximas, en este sentido: “La señora Ministra expresó que las normas propuestas regulan la participación ciudadana en el proceso de evaluación de las Declaraciones de Impacto Ambiental, señalando expresamente su procedencia cuando los proyectos impongan cargas ambientales a las localidades próximas a la instalación de los proyectos.
Ante una consulta del Honorable Senador señor Navarro respecto a qué se entiende por carga ambiental, la señora Ministra señaló que se trata de aquellos proyectos que reportan un beneficio social pero que, al mismo tiempo, ocasiona gravámenes a los habitantes de la localidad donde se realiza (…)” (énfasis agregado).
Dicha indicación fue aprobada y quedó en el texto final de la Ley N° 20.417. Por tanto, en atención a la Historia de la Ley N° 20.417 se entiende que la voluntad del legislador fue que el proceso de participación ciudadana sólo se aplique en los casos que exista carga ambiental y no en todas las DIAs, en atención del principio de gradualidad.
12. Que, en general todos los proyectos que ingresan al SEIA potencialmente podrían tener beneficios sociales en términos genéricos o indirectos, pues al ser proyectos de inversión tienen la posibilidad de generar empleo. Lo que establece el legislador en relación a los requisitos para abrir un periodo de PAC en una DIA, se refiere a que el beneficio social que se genere debe ser directo y no difuso. Por ejemplo, proyectos como líneas de transmisión eléctrica o centrales eléctricas tienen un beneficio social directo, asociado a proveer a la comunidad del servicio público eléctrico. En el mismo sentido, algunos proyectos de saneamiento ambiental, tales como los sistemas de agua potable o alcantarillado destinados a la atención de las comunidades, proveen servicios que atienden necesidades básicas de la sociedad, constituyéndose así un beneficio social directo para la comunidad.
13. Que, al respecto debemos entender el concepto de beneficio social como la utilidad directa que un determinado proyecto o actividad le entrega a la sociedad, utilidad que se debe analizar a la luz del objetivo particular de cada proyecto o actividad, confrontado con las necesidades básicas de la comunidad o localidad próxima afectada, es decir, uno de los objetivos del proyecto debe ser, satisfacer necesidades de carácter colectivo que se traduzcan en una mejora del nivel de bienestar social o condiciones de vida de las comunidades próximas. En este sentido, no se trata de la generación de cualquier beneficio, ni de un beneficio económico para un titular o para una determinada persona o grupo, o de la generación de empleos, sino que de una característica inherente a determinadas obras y actividades que satisfacen directamente dichas necesidades básicas de la sociedad. Por tanto, esta Dirección Regional estima que el proyecto en análisis no genera beneficios sociales para las comunidades próximas, dado que se refiere a un proyecto destinado a ejecutar 10.132 metros lineales de perforación del tipo diamantina, distribuidos en 100 plataformas de sondajes mineros, lo cual no satisface necesidades básicas de la comunidad.
14. Que, además, conforme a la descripción del proyecto, la tipología que hace obligatorio su ingreso al SEIA corresponde a la letra i), del artículo 3° del RSEIA, la cual no corresponde a aquellas tipologías de proyectos que el artículo 94 inciso 7° del RSEIA, presume generan cargas ambientales.
15. Que, el haber señalado que el proyecto está en lineamiento con los objetivos regionales de desarrollo, no es más que el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° ter.- de la ley 19.300 y del artículo 34 del RSEIA, en referencia a la relación del proyecto con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, pero en caso alguno puede relacionarse con el concepto de carga ambiental que, como se dijo, está vinculado a la satisfacción de necesidades básicas de la comunidad, lo que un proyecto de prospecciones mineras no produce.
16. Que, en atención a la normativa citada, se debe tener presente que la apertura de un proceso de PAC es una facultad discrecional reglada de las Direcciones Regionales o del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, según corresponda, en tanto se presenten copulativamente todos los requisitos exigidos, y en la medida que los proyectos o actividades generen cargas ambientales para las comunidades próximas.
17. Que, en atención a todo lo anteriormente expuesto;