Nombre: Stephania Andrea Azolas Riquelme
Observación:
Después de más de treinta años de operación de Minera Escondida, es legítimo preguntarse cuál ha sido el beneficio real y permanente para quienes viven en la Región de Antofagasta. Más allá de las cifras de producción y de los aportes tributarios al Estado, la comunidad espera que una empresa de esta magnitud contribuya de manera concreta a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven diariamente con los impactos de la actividad minera.
La calidad de vida no se mide únicamente por el crecimiento económico. También depende del acceso a una salud de calidad, espacios públicos, infraestructura comunitaria, educación, cultura, deporte, protección ambiental y oportunidades de desarrollo para las familias. Sin embargo, muchos habitantes de la región continúan enfrentando problemas asociados al costo de la vida, la escasez hídrica, la contaminación, la falta de áreas verdes y brechas en servicios básicos, mientras la riqueza generada por la explotación minera no se refleja proporcionalmente en el bienestar del territorio.
La comunidad percibe que gran parte de las acciones sociales desarrolladas por las empresas mineras responden a programas específicos, convenios o proyectos acotados, más que a una política permanente de reparación y desarrollo territorial. Quienes viven en la región esperan beneficios públicos, universales y sostenibles, que no dependan de iniciativas temporales ni de contraprestaciones, sino del reconocimiento de que la actividad minera utiliza recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos y genera impactos que recaen principalmente sobre las comunidades locales.
Por ello, resulta indispensable que la evaluación ambiental considere no solo los impactos biofísicos del proyecto, sino también su contribución efectiva al bienestar de la población. La empresa debe acreditar de manera objetiva cómo este nuevo proyecto mejorará la calidad de vida de las personas, qué beneficios permanentes dejará en la Región de Antofagasta y de qué forma contribuirá a reducir las brechas sociales existentes.
No es razonable que un territorio que aporta una parte significativa de la riqueza minera del país continúe soportando los principales costos ambientales y sociales sin recibir beneficios proporcionales y duraderos. El desarrollo sostenible exige equilibrio entre crecimiento económico, protección de los ecosistemas y bienestar de las comunidades. Ese equilibrio hoy debe demostrarse con compromisos verificables, exigibles y permanentes, no solo con declaraciones de intención.