Durante años, Minera Escondida ha concentrado gran parte de sus inversiones, contrataciones y compras de bienes y servicios fuera de la región, destinando un porcentaje insuficiente a proveedores, empleo e insumos locales. Esta realidad ha limitado la diversificación económica y el desarrollo territorial, generando una evidente contradicción entre la enorme riqueza que se extrae desde Antofagasta y los indicadores sociales que afectan a su población.

 

Resulta especialmente preocupante que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no incorpore antecedentes suficientes y verificables sobre la contribución económica regional del proyecto, la contratación de trabajadores locales, la participación de proveedores regionales ni las medidas destinadas a fortalecer el desarrollo económico y social de la Región de Antofagasta. La ausencia de esta información impide evaluar adecuadamente los impactos sociales y económicos asociados al proyecto y limita una participación ciudadana plenamente informada.

 

Asimismo, el proyecto carece de un análisis integral de sus efectos acumulativos sobre el territorio, considerando que se desarrolla en una zona sometida desde hace décadas a una intensa actividad minera, con consecuencias ambientales, sociales y económicas que deben ser evaluadas de manera conjunta y no de forma aislada.

 

En consecuencia, estimo que existen antecedentes suficientes para que este proyecto sea evaluado mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), conforme a los principios preventivo y precautorio que inspiran la legislación ambiental chilena, permitiendo una evaluación más completa de sus impactos y la incorporación de medidas de mitigación, compensación y reparación adecuadas.

 

Solicito que la autoridad ambiental exija, al menos, lo siguiente:

 

* La evaluación del proyecto mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

* La presentación de indicadores verificables sobre contratación de mano de obra regional y metas concretas de empleabilidad local.

* Compromisos vinculantes respecto de la contratación de proveedores de la Región de Antofagasta.

* La entrega de información transparente sobre la contribución económica efectiva del proyecto al desarrollo regional.

* La evaluación de los impactos sociales acumulativos y de las medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

 

La Región de Antofagasta no puede seguir soportando los costos ambientales y sociales de la minería sin recibir beneficios proporcionales al valor que genera para el país. La empresa debe demostrar, mediante compromisos verificables y exigibles, que su presencia contribuirá efectivamente al desarrollo sostenible del territorio y al bienestar de sus habitantes, y no únicamente a la extracción de recursos naturales.