Nombre: Daniel Armando Briceño Neira
Observación:
como habitante de una región saturada por la minería me preocupa que el proyecto descrito en la DIA contempla una gran extensión territorial (970 hectáreas), un largo período de operación (19 años) y construcción (41 meses), además de una alta demanda laboral (más de 6000 trabajadores en su peak). Estas características evidencian un impacto significativo en la comuna y región de Antofagasta.
Sin embargo, la empresa ha optado por ingresar el proyecto únicamente mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), omitiendo la obligación de realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Esta omisión impide contar con antecedentes fundados para identificar, predecir y evaluar los efectos reales del proyecto, lo que limita la posibilidad de establecer medidas efectivas de mitigación y control de impactos adversos.
En la propia DIA se reconocen áreas de influencia sensibles, como sitios prioritarios de conservación, ecosistemas terrestres y acuíferos que alimentan vegas y bofedales. No obstante, no se entrega información sobre cómo las faenas de construcción y operación afectarán estos ecosistemas. Cabe recordar que Minera Escondida ya registra antecedentes de incumplimientos en materia de protección de recursos hídricos, lo que aumenta la preocupación ciudadana.
Asimismo, no se aborda la relación entre la contratación de trabajadores y la empleabilidad local, ni se garantiza que los más de 6000 puestos anunciados beneficien efectivamente a la población regional. En régimen permanente, se señala que solo quedarían 250 trabajadores, sin asegurar que sean mano de obra local. Tampoco se explican los aportes fiscales y económicos regionales, pese a compromisos previos de retener al menos el 65% de los gastos de operación en la región, compromisos que no se han cumplido.
Por todo lo anterior, se solicita que el proyecto sea evaluado mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que permita una revisión completa y transparente de sus efectos ambientales, sociales y económicos, garantizando la participación ciudadana informada y la protección efectiva del territorio y sus comunidades.