La Declaración de Impacto Ambiental omite evaluar el proyecto desde la perspectiva de la justicia ambiental, desconociendo que la Región de Antofagasta constituye uno de los territorios con mayor concentración de actividades mineras, industriales, portuarias y energéticas del país. La evaluación ambiental no puede limitarse a analizar los impactos incrementales del proyecto, sino que debe considerar la carga ambiental preexistente que soportan las comunidades y ecosistemas del territorio.

 

Esta omisión adquiere especial relevancia considerando que el proyecto incrementa la capacidad operacional de uno de los complejos mineros más grandes del mundo, cuyos efectos deben analizarse en un contexto regional caracterizado por una acumulación histórica de emisiones, consumo de agua, generación de residuos, transporte de sustancias peligrosas e intervención de ecosistemas desérticos.

 

Fundamentos técnicos y jurídicos

La información oficial del Ministerio del Medio Ambiente demuestra que la Región de Antofagasta presenta una de las mayores cargas ambientales del país:

Según el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, en 2022 la Región de Antofagasta emitió 19.508 kilotoneladas de CO₂ equivalente, representando el 17,6 % de todas las emisiones nacionales, siendo el sector energía —estrechamente vinculado a la minería— responsable del 95 % de dichas emisiones. �

snichile.mma.gob.cl

 

El Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) del Ministerio del Medio Ambiente identifica a Antofagasta como una de las regiones con mayores emisiones de dióxido de azufre (SO₂) provenientes de la actividad minera y fundiciones. Asimismo, la región concentra importantes descargas industriales y una elevada generación de residuos peligrosos asociados a la actividad minera. �

educacion.mma.gob.cl +2

 

La propia institucionalidad ambiental mantiene Planes de Descontaminación Atmosférica para comunas de la región, como Calama y Tocopilla, debido a problemas históricos de contaminación por material particulado, lo que evidencia que el territorio ya soporta una presión ambiental significativa. �

PPDA +1

 

Estos antecedentes oficiales demuestran que la Región de Antofagasta enfrenta una situación de alta presión ambiental acumulada, derivada de la coexistencia de múltiples proyectos mineros, energéticos, industriales y portuarios.

Sin embargo, la DIA no analiza cómo este proyecto incrementará esa carga ambiental regional ni evalúa si las comunidades continúan soportando una distribución desproporcionada de los impactos ambientales en comparación con los beneficios que genera la actividad económica.

Esta omisión resulta incompatible con los principios preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional y de justicia ambiental que orientan la política ambiental chilena y con los compromisos derivados del Acuerdo de Escazú, que exige garantizar decisiones ambientales transparentes, participativas y orientadas a proteger a las personas y territorios que enfrentan mayores riesgos ambientales.

 

Observación

La Declaración de Impacto Ambiental no incorpora una evaluación de la carga ambiental histórica existente en la Región de Antofagasta ni analiza si la incorporación de nuevas obras e infraestructura asociadas a Minera Escondida profundizará una situación de inequidad ambiental ya existente.

En consecuencia, la evaluación carece de antecedentes suficientes para descartar los efectos acumulativos y territoriales del proyecto, especialmente respecto de las comunidades que durante décadas han soportado los impactos derivados de la concentración de actividades extractivas e industriales.

 

Solicitud

Se solicita al Servicio de Evaluación Ambiental requerir al titular:

La incorporación de un análisis de justicia ambiental que caracterice la carga ambiental preexistente de la Región de Antofagasta y del área de influencia del proyecto.

La evaluación de los efectos acumulativos de la concentración de actividades mineras, industriales, energéticas y portuarias sobre las comunidades y ecosistemas.

La identificación de medidas destinadas a evitar la profundización de desigualdades ambientales y territoriales existentes.

La evaluación de estos antecedentes para determinar si la magnitud de los impactos hace procedente la evaluación del proyecto mediante un Estudio de Impacto Ambiental.

Conclusión

Mientras no se incorpore un análisis de justicia ambiental y de la carga ambiental histórica del territorio, no resulta posible descartar fundadamente los efectos previstos en el artículo 11 de la Ley N.º 19.300. En consecuencia, la información presentada por el titular es insuficiente para justificar la evaluación del proyecto mediante una Declaración de Impacto Ambiental, debiendo exigirse un estándar de evaluación acorde con la magnitud de las presiones ambientales que ya soporta la Región de Antofagasta.